Ley de hidrocarburos: “Necesitamos un debate justo, legal, equitativo y sustentable, entre la Nación y las provincias productoras”. Por Alicia Comelli

En el marco de la discusión de la ley de hidrocarburos, distintos sectores han surgido en defensa de los intereses de las provincias, sobres sus recursos naturales. Algo que, desde la Cámara de Diputados de la Nación, venimos haciendo aún antes del 2006 cuando se transfirieron a las provincias los yacimientos de hidrocarburos al sancionarse la Ley Corta. En el debate, fundamos la posición que hemos sostenido invariablemente cada vez que se intentó avanzar desde Nación sobre las facultades de las provincias para gestionar los recursos naturales que integran su patrimonio, tal como el viene haciendo Gobernador Jorge Sapag e inscribe en esta historia del MPN.
Decíamos entonces: “…..Se plantea como una modificación a la ley 17.319, que en realidad no es tan así, porque esa norma es la consecuencia de la ley 14.773 de la época de facto. Lo que hizo en su momento la ley 17.319 fue operar la transferencia de los recursos a la Nación cuando ellos son de propiedad del dominio originario de las provincias. Así lo decía ya la ley 12.161 y con anterioridad el propio Código de Minería en su artículo 7°…” “…la cláusula del 124, …. es operativa en sí misma y no necesita una norma de grado inferior para ponerla en práctica. Esto implica la potestad exclusiva de otorgar a los particulares o empresas o entidades estatales el uso o aprovechamiento de dichos recursos naturales, el ejercicio del poder de policía en orden al control operativo y de medio ambiente, la legitimación para exigir la reparación de los daños causados a los recursos naturales, el derecho a percibir directamente cánones y regalías y la facultad de imponer condiciones legales para emitir, renovar o extinguir las concesiones…”“…Las provincias productoras, las provincias hidrocarburíferas defendemos nuestros recursos naturales, conscientes de que son recursos no renovables, …. sobre la base de esos recursos hay que trabajar la reconversión de las propias matrices productivas…”“…Este es el reclamo que hacemos ante los precios que se pagan por la importación de gas de Bolivia … sin tener que estar subsidiando por el gas barato de producción argentina a sectores con grandes ganancias o que cobran tarifas en dólares …..”
Pocos dicen que La Ley Corta contó con 110 votos positivos, la significativa ausencia de 125 diputados, (del peronismo federal, pro y radicales entre otros) y se expresaron, decididamente en forma negativa, representantes de la Pampa Húmeda, Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba, entre ellos, y diputados que hoy secundan al candidato de Tigre.
Posteriormente, el parlamento trató la expropiación de YPF, más recientemente, el acuerdo de pago YPF-REPSOL, en ambos casos, apoyamos las propuestas, “…convencidos de la importancia que tiene la actividad hidrocarburífera en Neuquén y su repercusión en toda la República. ….sí vale recordar que nuestra provincia sufrió como pocas la crisis social que produjo la privatización de YPF, en Cutral-Có y Plaza Huincul. Ambos pueblos se movilizaron a las rutas, ante el desempleo y la falta de oportunidades, porque no conocían otra forma de vida que no fuera alrededor de la actividad hidrocarburífera. A veinte años de la privatización, las instituciones de este país tenemos aún una gran deuda con dicha crisis social”
Hoy nos encontramos de cara a un nuevo debate entre la Nación y las provincias a efectos justamente, de materializar aquel viejo anhelo de actualizar la ley 17.319, más aún, frente a la realidad de los nuevos yacimientos no convencionales. Y bienvenido porque es saludable este debate, al que aportamos ya, desde el año 2012, proyectos como un régimen de promoción de petróleo y gas no convencional o una modificación del cobro de regalías hidrocarburíferas y subsidios a la producción. Pero es necesario un diálogo justo, legal, equitativo y sustentable, respetuoso de las ideas y propuestas de todos los sectores, para evitar que, bajo el lema del autoabastecimiento caigamos en procesos de centralismo que atenten contra nuestra forma federal de gobierno. No podemos quedarnos en un debate ni técnico, ni puramente economicista de una empresa; es un debate eminentemente político y también de política económica, en el marco de la Constitución Nacional, es un debate sobre dominio, apropiación y distribución de la renta, de manejo de las cuentas públicas; en definitiva, de políticas públicas de desarrollo integral de la ciudadanía argentina, y de nuestra región en particular, porque su potencial puede ser la solución a los problemas estructurales de nuestro país.
La búsqueda del consenso, entonces, debe permitir armonizar los objetivos de lograr el autoabastecimiento que se planteó la ley de soberanía hidrocarburífera del año 2012 -es un fin perseguido por todas las partes- , a la luz de nuestra Carta Magna, del federalismo, de la autonomía de las provincias –titulares del dominio de los recursos naturales-, de las facultades no delegadas y facultades concurrentes que establece la manda constitucional. Esto no se traduce en posiciones antagónicas entre Nación y las provincias productoras de hidrocarburos sí requiere del compromiso y la sapiencia necesaria para poder proyectarnos con éxito en el mediano y largo plazo, lograr esquemas de inversión y atractivos necesarios para revertir la angustiosa crisis que representa para las arcas fiscales la fuga de 13 mil millones de dólares de importación de hidrocarburos estimada para el año 2014.
Y con la misma convicción con la que trabajamos, defendemos y apostamos a esa soberanía energética, defendemos las potestades de las provincias sobre sus recursos, que es defender la Constitución misma. No está tan lejos aquellos años aquellos años en que el Gobierno Nacional –que, dicho sea de paso, por cien años administró los recursos naturales-, aprobaba los marcos legales para aventurase en un neoliberalismo descarnado para privatizar YPF y dejaba a su suerte a pueblos enteros en mi provincia. En aquella época, la provincia estuvo presente y hoy, frente a un futuro promisorio, también va a estar presente, consciente de las herramientas que necesitamos para acompañar el desarrollo de comunidades como Añelo, que hoy se encuentran en un proceso de transición y transformación absoluta, afrontando una importante migración que requiere obras de infraestructura decisivas para acompañar estas explosiones de actividad.
En nuestro sistema económico, las provincias no poseen la potestad de administrar la mayor riqueza de la que dispone el Estado Nacional, que es la recaudación impositiva exclusiva –retenciones a las exportaciones-, ni el acceso directo al crédito internacional, dependen de la gestión que realizan de los recursos naturales que integran su patrimonio. En nuestro caso, como provincia productora de hidrocarburos, para generar un legado de prosperidad y desarrollo sustentable, no debemos olvidar que implica un recurso no renovable y las consecuencias de una economía de enclave. Por esta razón, ante una propuesta que avasalla la Constitución Nacional, la propia historia de YPF, y nuestro sistema de gobierno, para Neuquén la defensa de sus recursos naturales es una política de Estado, y bienvenidos todas aquellas voces que hoy se suman en la provincia, tal como lo venimos haciendo en el Movimiento Popular Neuquino desde sus orígenes.